El Caso Que Hizo Que Una Exabogada De Ice Se Diera Cuenta De Que El Gobierno Se Estaba Basando En “pruebas” Falsas Contra Los MigrantesLaura Peña podía ver que su cliente de 36 años de edad se estaba consumiendo. Desmejorado y ojeroso tras estar prácticamente un par de meses en la prisión, Carlos se pasó los dedos por el pelo y abrió las manos para mostrarle los manojos que se le caían. Estaba tan angustiado por el hecho de que le habían quitado a sus 2 pequeños hijos en la frontera, que apenas podía charlar sin llorar. Después de que solicitó asilo político, los agentes fronterizos y de inmigración lo acusaron de ser miembro de la famosa pandilla MS-13 en El Salvador, un delincuente no apto para entrar a los U.S.A.. Sin embargo, Peña lo observó y no advirtió ninguna de las marcas propias de la pertenencia a una pandilla, los exagerados tatuajes de la MS-trece, y Carlos no tenía antecedentes penales en su país de origen. Él era el único al cargo del cuidado de su hijo de siete años y de su hija de once. Aun había traído una carta oficial del Ministerio de Justicia de El Salvador, en la que se hacía constar que jamás había estado en la cárcel. Había algo más sobre este caso que le incordiaba a Peña, en tanto que había estado acribillando a los abogados del gobierno con llamadas telefónicas y correos electrónicos a lo largo de semanas, mas ellos aún no habían revelado ninguna prueba que respaldara su acusación. A diferencia de la mayor parte de los abogados que trabajan pro bono para reunir a familias, Peña estaba familiarizada con la MS-trece porque ella misma había pedido la deportación de pandilleros mientras trabajaba como abogada del Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE). Ella comprendía la forma en que funciona el sistema, pues había formado parte de él. Su largo y rebosante cabello rizado, que la hace lucir más joven que sus 37 años, acompaña a su forma de charlar directa, que raya en categórica, forjada por los años que pasó como fiscal en las filas frontales del debate de la migración. Peña sentía empatía por las dificultades de los clientes como Carlos, cuyo apellido no se utiliza en este artículo para resguardarlo. No obstante, no estaba dispuesta a darle falsas esperanzas a ninguno de ellos. Si era pandillero, no tenía ninguna posibilidad de obtener asilo. “Tiene que haber un error”, insistió Carlos aquel día de diciembre desde el otro lado de la rayada pared de plexiglás en la sala de visitas de la prisión. “Por favor, ayúdeme”. Con tan solo verlo, Peña deseaba asistirlo. Sin embargo, el sistema que había conocido, tan lleno de imperfecciones, se había transformado en una caja negra que ya no le era posible entender, con un conjunto siempre cambiante de reglas y políticas que otorgaban una discreción incalculable al gobierno. Ella ni tan siquiera podía hacer que los abogados de ICE cumplieran con uno de los principios fundamentales de un sistema justo, el de suministrar pruebas de su caso, patentiza contra la que pudiera pelear. Para Peña y sus colegas, los casos como el de Carlos anunciaban una nueva y alarmante era. Los sacrificios de la administración de Trump por implementar políticas migratorias más estrictas, como la separación de las familias, dejaron a un lado años de precedentes legales. Entonces, cuando el sistema judicial respondió anulando públicamente esas políticas, la administración descubrió formas nuevas de continuarlas calladamente. Peña y sus colegas de pronto comenzaron a hallar cientos y cientos de casos nuevos de separación de familias durante la frontera, los cuales empezaron una vez que la política de “cero tolerancia” supuestamente ya había terminado en el primer mes del verano de dos mil dieciocho. No obstante, absolutamente nadie podía dar seguimiento a lo que el gobierno estaba haciendo con cada caso. Ahora, aquí estaba Carlos, quien simplemente parecía ser un papá agobiado por una profunda pena. Al comienzo, Peña había sentido escepticismo hacia él. Cuando se conocieron en noviembre de dos mil dieciocho, lo único que ella sabía era que lo consideraban una amenaza tal, que ICE y el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lo habían puesto en la sección de la prisión de Laredo, Texas, designada para los delincuentes violentos. Peña empleó el adiestramiento que le dieron en ICE para examinar su historia en busca de contradicciones, de señales de que estuviese mintiendo. Su principio guía era “confía, pero verifica”. Ya había repasado con él sus antecedentes en múltiples ocasiones, así como su historia de por qué razón había escapado de El Salvador y de su empleo como gerente del almacén de una firma de diseño arquitectónico. Había hecho que repasara su historia una y otra vez hasta quedar satisfecha. Como letrada pro bono del conjunto legal sin fines de lucro Texas Civil Rights Project, Peña tenía una creciente pila de casos sobre su escritorio. Había pasado los últimos 6 meses monitoreando los procesos de “cero tolerancia” en el tribunal, en busca de separaciones ilegales. Su misión era simplemente reunir a Carlos con sus hijos. Él tuvo más suerte que la mayor parte, puesto que la tenía a ella para que hiciese preguntas en su nombre. La mayoría de los migrantes arrestados en la frontera jamás ven a un letrado, y menos logran comprender cómo deben defenderse contra los alegatos que se presentan contra ellos. Carlos era solo una gota en un río de casos. Sin embargo, había algo en un caso así que hizo que ella quisiera ahondar más. ¿Qué era lo que el gobierno no les decía? Peña, quien medró en Harlingen, Texas, a corta distancia de México, asistió a la escuela con amigos indocumentados y con otros amigos cuyos padres trabajaban para la Patrulla Fronteriza y para el Servicio de Inmigración y Naturalización. Creció sumergida en la cultura de los dos lados de la frontera. Salió de ahí cuando se graduó de la preparatoria, ya que consiguió ingresar al reputado Wellesley College y después consiguió empleo en el Departamento de Estado, donde se enfocó en la seguridad y los derechos humanos en América Central. Sin embargo, Peña ansiaba continuar los pasos de su padre y convertirse en abogada; así que asistió a la escuela nocturna de leyes en Georgetown. Después de graduarse, desesperada por obtener experiencia en litigio, se enteró de que ICE buscaba abogados. Peña no estaba segura de estar lista para deportar a personas. La mayor parte de su familia y los pocos amigos a quienes les afirmó se mostraron consternados ante esa idea. Como temía que no volviesen a dirigirle la palabra jamás, ocultó sus planes y no les notificó a sus amigos del planeta de la defensa migratoria. Sin embargo, su padre, quien en alguna ocasión también fuera un joven abogado novato, entendió su problema mejor que la mayor parte. “Haz lo que debas hacer”, le recomendó. “No te preocupes con lo que puedan pensar los demás”. Uno de sus mentores, quien era letrado de migración, la alentó a fin de que pidiera el empleo y tratase de hacer que ICE fuera una agencia más humanitaria desde su interior. “Necesitamos personas con tu mentalidad, que trabajen en el lado del gobierno”, le afirmó a Peña. La contrataron en 2014 y se mudó a Los Ángeles. El principio del mandato del presidente Barak Obama fue que los abogados de ICE ejercieran su discreción de procesamiento en los tribunales. Esto quería decir que Peña podía examinar cada caso por sus propios méritos y enfocarse en deportar a delincuentes, dando al mismo tiempo la opción de quedarse a las familias que calificaban para asilo o vivienda legal. Dice que trató de ejercer el increíble poder que se le había otorgado con justicia y una cuidadosa consideración para poder sentirse orgullosa. No obstante, su idealismo duró poco. Caso tras caso, agregó, fue perdiendo gradualmente la idea de que podía ser una influencia positiva en un sistema migratorio que se hallaba en caída libre. Un día en el tribunal, le solicitaron que tomara el caso de un bebé de seis meses de edad que estaba programado para deportación. En alguna una parte del apabullado sistema, el caso del bebé se había separado del de su madre, quien estaba sentada en el tribunal, llorando. El juez, quien estaba furioso, afirmó que ese tipo de descuido podía resultar en la deportación de un bebé de seis meses sin su madre. Peña se sintió aterrorizada y abochornada, con lo que anudó las dos carpetitas de los casos con una liga de hule y escribió “unidad familiar” en la parte superior con una pluma roja; entonces le aseguró al juez que no los apartarían de nuevo. No era la primera vez que el sistema de cómputo de ICE la había desilusionado. Después tuvo una audiencia en el tribunal que fue particularmente devastadora, en la que debió argumentar que a una mujer africana que había sido víctima de una brutal violación y ataque a manos de la milicia de su país natal, no debería otorgársele el asilo por el hecho de que tenía un documento de identificación fraudulento. Mientras el juez ordenaba su deportación, la mujer sufrió un fuerte ataque de pánico y cayó al suelo golpeándose el pecho mientras que gritaba “¡No, no!”. Peña supo que jamás podría olvidar la manera en que la mujer había levantado la mirada hacia ella, y con ojos implorantes le había rogado: “Por favor, ayúdeme”. También hubo otros casos, y cada uno de ellos de ellos se hizo sentir, hasta el momento en que simplemente fue demasiado. En los peores días, afirmó, sentía que nada de lo que había hecho, o de lo que podía hacer, lograría cambiar las cosas. Los inmigrantes llevaban siempre y en todo momento las de perder. La mayoría no podía abonar un abogado. Pocos ganaban sus casos. Peña estaba participando en un sistema que se rechazaba a continuar el debido procedimiento. A veces se preguntaba si había ayudado a enviar a esa mujer africana a morir. La culpa perduraba en el fondo de su mente. Así que renunció. Aceptó un empleo corporativo que ofrecía buen salario en California como abogada de inmigración empresarial, ayudando a empresas a contratar a empleados extranjeros. No obstante, cuando las separaciones de familias llegaron a las noticias en el verano de 2018, sintió la necesidad de volver a involucrarse para intentar compensar la balanza. ayuda legal para inmigrantes Con lo que dejó su lucrativo empleo corporativo y, a los treinta y cinco años de edad, regresó a vivir con sus padres en el sur de Texas. Tomó un empleo como abogada visitante con un salario modesto en TCRP, que tiene una oficina cerca de los tribunales federales de McAllen, Texas. No había vivido en la frontera desde hacía prácticamente veinte años. Lo que encontró al retornar fue caos, defensores públicos federales apabullados que procuraban ansiosamente a los hijos de sus clientes, quienes eran procesados en los tribunales penales de conformidad con la política de “cero tolerancia” de Trump. Peña y sus colegas de la organización sin fines de lucro se pusieron a trabajar entrevistando a los progenitores y tratando de dar con el paradero de sus hijos que habían sido enviados a otros lugares sin documentación que permitiera conectarlos con sus familiares. Recordó al bebé de 6 meses al que había representado en el proceso de expulsión. En ese tiempo, la separación de familias era poco frecuente. Ahora era una política oficial que no contaba con ningún plan para reunir a las familias. A Peña le tomó más de una semana localizar a los hijos de Carlos. Los encontró en un cobijo del gobierno en las afueras de Corpus Christi, Texas, a 2 horas de distancia por carretera de Laredo. Pasó un par de semanas auxiliares negociando con los funcionarios de ICE y del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), organismo al cargo de supervisar los cobijos para niños, a fin de que dejaran una llamada telefónica entre Carlos y sus hijos. La llamada telefónica aminoró un tanto su ansiedad, pero también fue muy angustiosa. Su hija de once años lloró todo el tiempo y le rogó a Carlos que fuera por ellos. Su esposa, separada de él, quien también es indocumentada y vive en el estado de Washington, había pedido la custodia, mas ICE precisaba efectuar una verificación de antecedentes y tomarle las huellas digitales antes de permitir la liberación de los niños. La esposa de Carlos le había enviado un e mail a Peña que incluía una foto de Carlos con sus dos hijos, en la que todos lucían enormes sonrisas. Se veían muy felices juntos. Quizá fue la fotografía, la relación de comunicación que había desarrollado con él, o bien la acusación de pandillero que se fundamentaba en unas pruebas enigmáticas (que creía que eran falsas), pero Peña pensaba que merecía otra ocasión. Sin esa acusación, Carlos y sus hijos seguramente habrían sido procesados como otros solicitantes de asilo y habrían sido liberados con una data para presentarse en el tribunal frente a un juez, o bien habrían sido detenidos juntos en un cobijo para familias. Mas ahora ICE podía deportarlo de forma rápida. Ella debería tomar personalmente su caso de asilo, pero no podía hacerlo sola. Necesitaría persuadir a otros abogados, de firmas con sólidos medios económicos, a fin de que se unieran al caso como voluntarios. Esto también implicaba que tendría que poner en riesgo su reputación, caso de que se equivocara con Carlos. Ese verano, afortunadamente, varias firmas de ese tipo habían ofrecido su ayuda a las pequeñas organizaciones sin fines de lucro que se encuentran a la vanguardia de la lucha contra la separación de familias. Se aproximaba la Navidad cuando llegó el momento de visitar a Carlos y este, consumido en su uniforme colorado de la cárcel, le mostró los manojos del pelo que se le estaba cayendo. Las cuatro horas de traslado conduciendo desde la casa de sus padres en Brownsville hasta la prisión de Laredo se le estaban volviendo rutinarias. Cada vez que la vieja camioneta Nissan de su madre, que ya pasaba de las 150,000 millas, tironeaba y zarandeaba en la carretera, ella subía el volumen de la música pop en castellano para ahogar el ruido. Ese día, Carlos era un manojo de miedos, de nunca regresar a ver a sus hijos, de la furia de los pandilleros en El Salvador, que habían conminado con matar a su familia cuando él no pudo cumplir con la extorsión que le exigían. Para ellos, le dijo a Peña, había desobedecido su autoridad al huir del país, lo cual se castigaba con la muerte. “Solo venimos a este país por el hecho de que no teníamos otra opción”, notificó que le había dicho Carlos a voces para que pudiera escucharlo por medio de la barrera de plexiglás, por el hecho de que los teléfonos de la prisión se habían descompuesto de nuevo. “Amenazaron con matar a mis hijos”. “Le creo”, le dijo Peña, presionando de manera firme la mano contra el plexiglás. “Lo que le han hecho a usted es una grave injusticia. Pero ahora estoy acá, y voy a ayudarle”. Sus colegas de TCRP estuvieron de forma rápida de acuerdo en que el caso de Carlos era suficientemente aterrador para garantizar su tiempo y recursos limitados, si ella lograba convencer a una firma más grande para que les ayudase. Se habían enterado de que otras familias habían sido separadas en la frontera debido a vagos alegatos de haber participado en pandillas y deseaban obtener contestaciones al igual que . Esa noche mandó un SOS a un puñado de firmas más habituadas a representar a compañías del Fortune 500 y a políticos, que a padres de familia sin un centavo y detenidos en migración. En su correo adjuntó la fotografía de Carlos con sus hijos. Peña hizo una petición directa de ayuda. “Reunamos a esta familia antes de Navidad”, escribió. “¿Quién se unirá conmigo?” Pasó la Navidad, y también el Año Nuevo. abogados para inmigrantes Durante el día, Peña creaba estrategias para el caso de Carlos, de este modo como para otros casos de TCRP. Por la noche, trabajaba en la oficina de la casa de su padre en un informe en el que documentaba los cientos y cientos de separaciones de familias que y sus colegas habían descubierto. Muchas de las separaciones, como la de Carlos, se fundamentaban en alegatos vagos de pertenecer a pandillas o en un supuesto pasado delictivo. Su única distracción era una alegre perra ovejera a la que adoptó después de que un día apareció en la puerta de la casa de sus progenitores. Faltaba a baby showers y a fiestas de cumpleaños, y buscaba pretextos para no acudir a convidaciones a cenar con una amiga que se quejaba de que bien podría haberse quedado en California. Peña se sentía poco a poco más indignada porque Carlos continuaba en la cárcel sin pruebas. Para empeorar la situación, se aproximaba un cierre del gobierno, y, por consiguiente, los abogados al cargo del caso de Carlos ya no le devolvían las llamadas. Una firma legal corporativa, Haynes and Boone, respondió a su pedido de ayuda y se ofreció a asistir pro bono (Haynes and Boone representa a ProPublica en un caso de difamación que no está relacionado). La firma cuenta con oficinas en el mundo entero, y exactamente tiene el tipo de poder legal que ella precisaba. Un equipo de abogados se puso en acción y presentó una moción de urgencia en la que solicitaron que se suspendiese la deportación de Carlos y que se reconsiderara su petición de asilo. En la moción asimismo solicitaban que se le dejara reunirse con sus hijos mientras su caso pasaba por el proceso legal. Un juez otorgó inmediatamente la suspensión, lo cual les dejó disponer de algo de tiempo. Sin embargo, para ese instante el gobierno ya se había detenido, mientras el presidente Donald Trump aducía con el Congreso sobre la construcción de un muro en la frontera. El fiscal a cargo del caso de Carlos le notificó a Peña que su queja se iría al final de la fila mientras que el Departamento de Justicia (DOJ) trabajaba en casos de emergencia, como las expropiaciones de tierras para construir el muro. Gracias al dictamen del juez, Carlos no podría ser deportado en esos días, pero tendría que continuar en la cárcel durante el futuro inmediato. A Peña le preocupaban los hijos de Carlos. Llevaban más de dos meses encerrados en un refugio, y a ella le preocupaba que cada día adicional les provocara mayores traumas. Para sosegar a Carlos, y tranquilizarse ella también, condujo durante dos horas al cobijo de Driscoll, un pueblo que se encuentra cerca de Corpus Christi, para asegurarles que estaba haciendo todo lo posible por reunirlos con su papá. En la sala de visitas, los niños emplearon los crayones, las plumas y el papel que Peña les llevó para que le hiciesen unos dibujos a Carlos. Su hija lucía lamentablemente delgada y triste, al tiempo que su hijo trataba de poner una buena cara para evitar que su hermana llorara. Para la misma Peña fue difícil contener el lloro mientras estuvo sentada en la mesa con ellos. “¿Por qué razón no podemos estar con papá?”, recordó que le preguntó la niña. “Yo soy la letrada de tu papá, y estamos trabajando para sacarlo de la cárcel”, le respondió. “Hubo un malentendido cuando ustedes cruzaron la frontera”. “Oh, pensaron que era pandillero”, dijo la niña con naturalidad mientras dibujaba esmeradamente en su papel. Peña, quien no tiene hijos propios, recordó lo observadores que pueden ser. “¿Tú piensas que tu papá es pandillero?” le preguntó, observando la cara de la pequeña en busca de una reacción. “No”, dijo, mientras que sacudía la cabeza. Entonces comenzó a sollozar. Peña observó que había dibujado una imagen de una familia unida, todos tomados de las manos. “Pues yo tampoco lo creo”, le afirmó Peña. “Y de ahí que que pelearemos para sacar a tu papá”. Cuando Peña salió del refugio del gobierno, subió a la vieja camioneta de su madre que estaba en el estacionamiento, encendió el aire acondicionado y se puso a llorar. Como tenía una orden de deportación pendiente, Carlos se había quedado sin opciones en el tribunal de migración. Peña y el equipo legal de Haynes and Boone deberían llevar su caso a los tribunales federales. Decidieron cuestionar la separación de Carlos de sus hijos por motivos constitucionales en Washington, D.C. Desde que se había llevado a cabo la separación de familias por órdenes de Trump, un puñado de casos se había litigado ahí por la inconstitucionalidad de las separaciones. Además, un hecho fundamental era que el juez de distrito de EE. UU. Paul Friedman había ordenado que reunieran a una mujer de El Salvador, cuyos abogados afirmaban que había sido falsamente acusada de ser pandillera, con su hijo de 4 años. Esperaban que el juez hiciese lo mismo con Carlos. El gobierno aún no le permitía a Peña comprobar un documento clave, conocido como el formulario I-doscientos trece, si bien ya lo había solicitado varias veces. Ese formulario, que es afín a un informe de la policía, mostraría las diversas bases de datos en las que se había buscado el nombre de Carlos en el centro de procesamiento de la Patrulla Fronteriza, así como lo que habían encontrado. Los abogados presentaron una solicitud para ver el expediente de Carlos representando a la Ley de Libertad de la Información, ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Sin embargo, su experiencia le indicaba a Peña que eso probablemente tardaría varios meses, lo cual de poco les servía en esos momentos. Presentía que la información equivocada procedía de El Salvador, pero no sabiendo particularmente de dónde, era prácticamente imposible hallar un investigador allá que descubriera algo útil para asistir a adecentar el nombre de Carlos. Justamente cuando sentía que había llegado a un callejón sin salida, los padres de Carlos se ofrecieron a ayudar. A lo largo de todo el mes de enero, la pareja de ancianos recorrieron en autobús todo San Salvador, la capital, visitando una dependencia gubernamental tras otra, con poco éxito. Finalmente, en el tribunal federal, donde se archivan los expedientes penales y las órdenes de arresto, los progenitores de Carlos hicieron un esencial descubrimiento: un hombre cuyo nombre era prácticamente idéntico al de Carlos, con la misma data de nacimiento, tenía una orden de arresto pendiente por ser pandillero. Este descubrimiento reforzó la teoría de Peña de que se trataba de un caso de identidad equivocada. Le solicitó a la madre de Carlos que diese una declaración jurada de su hallazgo ante un abogado de El Salvador, para después presentarla como prueba en su caso. Si el gobierno había cometido un fallo, entonces debía haber alguna manera de limpiar el nombre de Carlos. El 12 de febrero, por fin logró conseguir una pista. Como contestación a su demanda, ICE presentó una declaración jurada de Mellissa B. Harper, una funcionaria que trabaja en la dependencia que supervisa los refugios familiares. Harper afirmó que había revisado “documentos y expedientes electrónicos” que revelaban que Carlos tenía una afiliación documentada con la MS-13. “El Departamento de Estado y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. que operan en El Salvador introdujeron esta información en las bases de datos del gobierno de EE. UU.”. Como abogada de ICE, Peña estaba familiarizada con las bases de datos que mantenía CBP, y sabía que el FBI había estado dirigiendo fuerzas de tareas durante múltiples años en El Salvador, mas ¿por qué estaba el Departamento de Estado introduciendo información acerca de la supuesta membresía de Carlos en una pandilla? A lo largo del tiempo en que trabajó ahí, su área de especialidad fue América Central, pero nunca había sabido que el Departamento de Estado compartiese información con DHS para deportar a personas en la frontera. Peña envió mails a los pocos contactos que todavía tenía en el departamento, pero nadie le respondió. En Internet, solo consiguió encontrar descripciones escuetas. En mayo de 2017, el Buró del Departamento de Estado para Narcóticos y Temas Internacionales Relacionados con la Aplicación de la Ley . Se llamaba Grupo Conjunto de Inteligencia Fronteriza (GCIF), y trabajaba en conjunto con DHS y con la fuerza de labores del FBI en América Central. En los expedientes públicos solo había una mención breve de las actividades del centro. En enero de dos mil dieciocho, Richard H. Glenn, subsecretario de estado adjunto en funciones del buró, le informó al Subcomité de Seguridad Nacional del Congreso que durante 8 meses en 2017, habían mandado a oficiales de policía salvadoreños a la frontera en McAllen para “ayudar al DHS y a las fuerzas de la ley estatales y locales a identificar, detener o bien negarle la entrada a pandilleros”. Los 10 oficiales de policía se volvieron parte de un equipo permanente en El Salvador, que asimismo incluía a oficiales de migración y a dos oficiales correccionales que trabajaban junto con los agentes estadounidenses de DHS. En menos de un año, afirmó Glenn, el programa les había permitido identificar a “240 miembros de la MS-13 que eran desconocidos para los oficiales de EE. UU., así como a 46 que las autoridades salvadoreñas no conocían”. Peña se preguntó si contaban a Carlos como uno de esos miembros de la MS-trece que Glenn había citado en su testimonio. Ella sabía que probablemente no había forma de confirmarlo. Observó que el proyecto piloto se había llevado a cabo en la misma estación de la Patrulla Fronteriza en McAllen donde acusaron a Carlos de ser pandillero y donde lo apartaron de sus hijos (CBP refirió las preguntas al Departamento de Estado. Un vocero de ese departamento no hizo comentarios específicos sobre Carlos, pero afirmó que el programa había mostrado “resultados positivos específicos y había ayudado a identificar a un total de más de cinco con cero sujetos con antecedentes penales”). Peña halló en Internet una foto de Kirstjen Nielsen, secretaria de DHS en ese momento, mientras que presentaba un premio a CBP y a los oficiales salvadoreños en Washington, D.C., con una dedicatoria que decía: “En reconocimiento a los dedicados esfuerzos binacionales enfocados en compartir información para identificar a pandilleros centroamericanos que tratan de entrar ilegalmente a los Estados Unidos”. ¿Mas qué pasaba con los que habían sido falsamente acusados? De vuelta en Washington, Friedman fijó la data de la audiencia de Carlos para el veintiuno de febrero, pero los abogados del DOJ protestaron diciendo que el caso no era prioritario para ellos, en tanto que debían ponerse al corriente por el atraso provocado por el cierre del gobierno. Deseaban posponer la audiencia al menos hasta marzo. Seguían rehusándose a suministrar pruebas que relacionaran a Carlos con la MS-trece, y se negaban incluso a charlar a este respecto. Por lo menos, Peña tenía la tranquilidad de que los pequeños al fin habían sido liberados y puestos bajo la custodia de su madre. Peña arguyó que la salud de Carlos se estaba deteriorando, y que temía por su salud mental si permanecía encarcelado por más tiempo. El gobierno permitió que se realizara la audiencia el veintiuno de febrero. El día de la audiencia por la mañana, el equipo de 6 abogados, incluida Peña, se reunió en la escalinata frontal del tribunal federal. Paloma Ahmadi, una joven letrada de Haynes and Boone, presentaría los razonamientos del caso frente al juez junto con Peña. Peña y Ahmadi se saludaron afectuosamente, aunque era la primera vez que se reunían en persona. Peña no había dormido mucho en las semanas precedentes a la audiencia. Una semana antes se había publicado su informe ante TCRP, en el que documentaba los cientos y cientos de casos nuevos de separación de familias, haciendo sonar la alarma de que el gobierno seguía apartando sistemáticamente a los hijos de sus progenitores, con cierta frecuencia sobre dudosas pruebas que el gobierno jamás proporcionaba. En el mes de julio de 2019, la Unión Americana de Libertades Civiles confirmó sus hallazgos y documentó que más de 900 padres y también hijos habían sido separados desde el instante en que Trump supuestamente había puesto fin a la práctica un año antes. Ahmadi y Peña presentaron las pruebas de la inocencia de Carlos frente al tribunal: la carta certificada del Ministerio de Justicia declarando que no tenía antecedentes penales, una carta de su antiguo empleador en la que charlaba de su buena ética y la declaración jurada de la madre de Carlos sobre sus hallazgos en El Salvador. abogados especialistas en inmigración Después de que acabaron, Friedman se dirigió a los dos abogados que representaban al gobierno. “En este punto, las pruebas presentadas por el demandante, procedentes de El Salvador, muestran que no tiene antecedentes penales ni condenas, ¿o me confundo?” les preguntó. “Esas son las pruebas que ellos presentaron, sí”, respondió uno de los abogados. “¿Impugnan eso?”, les preguntó el juez. “No”, afirmó, haciendo una pausa. “Pero lo identificaron en 2 bases de datos separadas, lo cual impidió que lo alojaran en un centro residencial para familias. ... HHS tiene requisitos explícitos que afirman que la afiliación a una pandilla es un óbice para entregar vivienda”. Peña se quedó perpleja frente al argumento del gobierno. Los abogados reconocieron que Carlos no era un criminal, pero entonces insistieron en que era pandillero pues las bases de datos del gobierno de esta forma lo decían. No obstante, se rehusaban a hablar de la naturaleza de las pruebas que contenían esas bases de datos. Peña supuso que una de las bases de datos era la que empleaba la Patrulla Fronteriza para verificar antecedentes. La otra tenía que ser la nueva iniciativa del Departamento de Estado para recaudar información sobre pandillas. Eso producía un montón de preguntas que absolutamente nadie parecía estar presto a contestar, ni siquiera a dejar que las hiciera. ¿El centro recogía pruebas biométricas como huellas digitales, se preguntó, o solo nombres que la policía salvadoreña había proporcionado? ¿Y de qué forma estaban examinando la información de la policía? Ella misma había ayudado a redactar informes cuando trabajaba para el Departamento de Estado, en los que se documentaba la corrupción y los abusos a los derechos humanos cometidos por la policía en El Salvador (ICE y DOJ no respondieron a las solicitudes de comentarios. Un vocero del Departamento de Estado afirmó que estudian a cada analista del centro como lo requiere la ley). “Su señoría”, dijo Peña, dirigiéndose al juez. “Cuando yo era abogada de ICE, siempre que teníamos pruebas en el tribunal de migración en las que se ponía en duda la precisión de la documentación, como funcionarios del tribunal teníamos la obligación de retornar y hacer nuestra debida diligencia. Lo que me sorprende de esto es que ni siquiera tenemos algunas de las pruebas básicas”. “¿Las solicitaron por escrito?” preguntó Friedman. “Sí, su señoría. El gobierno se rehusó a administrar ningún tipo de documentación”. “Muy bien, entonces presentaremos una petición para revelar pruebas”, afirmó de manera tajante. Peña se preguntó por qué razón tenía siquiera que presentar una petición, siendo que el gobierno debería haber sido franco con ella y compartir las pruebas que tenían contra su usuario. A lo largo de toda la audiencia, los abogados del gobierno se rechazaron a mudar su postura de que Carlos era una amenaza y debía ser deportado. Al final, Peña se sentía deprimida. Había llevado el caso de Carlos hasta el tribunal federal en Washington. Friedman no iba a concederles la reunificación que habían aguardado conseguir. El juez razonó que esto ya había ocurrido, porque los niños habían sido liberados al cuidado de su madre. Y Carlos, añadió, probablemente sería deportado de cualquier forma, conque no tenía caso. Después de la audiencia en Washington, D.C., el equipo legal se halló en territorio ignoto. Había poquísimos precedentes legales para la reunificación en casos de separación de familias, con lo que deberían usar su inventiva. Peña fue a visitar a Carlos en la cárcel para darle la noticia de que las cosas no habían salido tan bien como esperaban. Ahora retornarían a los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de EE. UU., le informó, que tienen a su cargo los asuntos de asilo y ciudadanía, y pedirían nuevamente que le hicieran otra entrevista de miedo admisible. Tendrían que ponerse a merced del gobierno. Si conseguía un resultado positivo, podría ser puesto en libertad bajo fianza. Pero todo quedaría a discreción del gobierno. En esencia, era una tremenda apuesta. Carlos, quien a diario pasaba de la esperanza a la desesperación, le agradeció a Peña por sus esfuerzos. Ella había pasado muchísimas noches en vela por este caso, y ahora sentía que estaban comenzando nuevamente. Su miedo era que Carlos estuviera comenzando a dudar de ella y del equipo legal. Pasaron tres semanas más, y entonces Peña recibió una llamada. Aunque parecía increíble, el gobierno le otorgaría a Carlos una ocasión más de pedir asilo. Unos días después, los 2 participaron en una llamada en conferencia, Carlos en Laredo y Peña en su oficina de TCRP, con un oficial de asilo que se encontraba en Houston; la llamada duró tres horas y media, y en ella repasaron paso a paso el caso de Carlos. Al final, el oficial estuvo de acuerdo en que su solicitud era válida. Ahora Carlos sería elegible para conseguir libertad bajo fianza, lo cual quería decir que tal vez al fin podría salir de la prisión. Además, no sería deportado hasta el momento en que un juez diese un dictamen en su caso de asilo. Al fin obtendría el debido proceso legal por el que Peña había luchado tanto a lo largo de todos estos meses. El 1 de mayo, seis meses después de haber sido encarcelado, Carlos compareció por vídeo en un tribunal de migración prácticamente vacío en San Antonio para su audiencia de fianza. Peña, que llevaba en las manos las carpetitas llenas de las pruebas que había recogido, se sentó enseguida de otro letrado de Haynes and Boone, frente al estrado del juez. Del otro lado se encontraba un solo letrado de ICE a quien Peña nunca había conocido. Sintió de qué manera se iba poniendo tensa mientras valoraba al letrado de ICE y la pila de carpetitas que tenía frente a él sobre la mesa. El juez de migración le preguntó a Peña si Carlos había pasado su entrevista de miedo verosímil. “Sí, su Señoría”, respondió. El juez le preguntó al abogado de ICE si se oponía a permitir que Carlos saliese libre bajo fianza. “No, su Señoría”, respondió. Peña quedó impactada. Tras la audiencia en Washington, aguardaba que el abogado de ICE fuera igual de bastante difícil, pero él ni tan siquiera mencionó el alegato de la afiliación a pandillas. En menos de quince minutos la audiencia había terminado y a Carlos le habían otorgado una fianza de $ 7,500 dólares americanos. En el corredor afuera del tribunal, Peña le dio un abrazo al letrado de Haynes and Boone y luchó por contener las lágrimas. Estaba impaciente por ser testigo de los primeros instantes de libertad de Carlos. Seis días después, Peña se encontró con Carlos en la central de autobuses de Laredo; iba acompañada de su mamá, que deseaba conocerlo tras tantos meses en que su caso había absorbido la vida de su hija. Peña lo llevó de vuelta a Brownsville en la SUV considerablemente más moderna de su mamá; ahí pasó la noche en un hotel, antes de volar al estado de Washington para reunirse con sus hijos. En el camino, Carlos se mostró conmovido y le dio reiteradamente las gracias, mas asimismo se dedicaron simplemente a hablar y reír. Peña jamás había sido testigo del lado más alegre de su personalidad, que también hizo que se sintiera alegre. Sin embargo, su ánimo de celebración decayó una vez que el vuelo de Carlos despegó hacia Washington, ya que siguió investigando y se percató de que el centro de inteligencia sobre pandillas del Departamento de Estado se había expandido últimamente a Guatemala, México y Honduras. Además, continuaba desarrollando su alcance en los U.S.A.. Ellos solo habían descubierto la información equivocada de El Salvador pues habían llevado el caso de Carlos a los tribunales, lo que había requerido los servicios de un equipo de abogados y había tenido un costo de más de $ 100,000 dólares estadounidenses. Aun con eso, no había logrado ver las pruebas y la base de datos proseguía siendo en su mayor parte un secreto para el planeta. Por lo que ella sabía el nombre de Carlos continuaba en la lista, y se había dado cuenta de que la responsabilidad de persuadir a las fuerzas de la ley de sus respectivos países a fin de que corrigieran cualquier información falsa recaía en los acusados, lo que representaba una labor casi imposible. Se preguntaba cuántos padres más habría por ahí que estaban siendo falsamente acusados y separados de sus hijos. Estaba en una lucha constante para balancear sus preocupaciones con lo que de hecho era capaz de lograr. Carlos todavía tenía su caso de asilo pendiente y el alegato de su pertenencia a una pandilla seguía acechando, listo para poner todo en peligro. Después de despedir a Carlos en el aeropuerto, Peña condujo hasta su casa. Antes de que obscureciera, salió a pasear montando a caballo para intentar olvidarse durante unos instantes de si Carlos realmente lograría vivir en paz, para olvidarse de las pilas de casos que se amontonaban encima del escritorio de su padre en casa, y de los otros que seguramente llegarían y seguirían llegando. Se consoló con la idea de que, a pesar de lo que tenían en su contra, habían logrado inclinar la balanza de la justicia cara el lado de Carlos. Él había logrado una segunda oportunidad. Traducción por Mónica E. de León. Revisión en castellano por Mati Vargas-Gibson. |